Acción de tutela 2ª instancia: Acceso a cargos públicos // Carrera administrativa // Plazo razonable // Vacantes definitivas

Magistrada Ponente: Claudia Bermúdez Carvajal

La Corporación revocó la sentencia de primera instancia -que había negado el amparo por improcedente— al considerar que la existencia de otros mecanismos judiciales no releva al juez constitucional de verificar su idoneidad y eficacia frente a una omisión que se prolonga en el tiempo. En cuanto al fondo, determinó que la CNSC y la E.S.E. Hospital San Rafael de Yolombó vulneraron los derechos del accionante al debido proceso administrativo y al acceso a cargos públicos en condiciones de igualdad, pues la demora en el reporte de las vacantes definitivas y la posterior falta de habilitación de la plataforma OPEC impidieron su incorporación a la Oferta Pública de Empleos de Carrera, cerrando al actor la posibilidad real de aspirar a ellas dentro del proceso de selección por mérito.

Sentencia de segunda instancia: Derechos fundamentales de personas privadas de la libertad // Competencia del INPEC // Carencia actual de objeto.

Magistrada ponente: Nancy Ávila De Miranda

El Tribunal concluyó que el INPEC conserva la posición de garante sobre las personas privadas de la libertad por orden judicial, sin que la ubicación en centros transitorios altere su deber de custodia y respeto a la dignidad humana. Señaló  que la Corte Constitucional ha reiterado que los detenidos preventivos no pueden permanecer más de 36 horas en centros de reclusión transitorios y que el Estado tiene el deber de asegurar condiciones dignas de detención. Citó la jurisprudencia que desarrolla el principio de especial sujeción del interno frente al Estado y los límites de la competencia territorial y penitenciaria. Con base en la SU-316 de 2021, precisó que el hecho superado exige satisfacción voluntaria previa al fallo, lo cual no ocurrió, dado que el traslado se realizó en cumplimiento de la orden judicial del a quo.

Sentencia de segunda instancia: Subsidiariedad // Debido proceso administrativo // Recurso de reconsideración.

Magistrada ponente:  Claudia Bermúdez Carvajal

El Tribunal reiteró que la tutela es un mecanismo residual que solo procede ante la inexistencia o ineficacia de otros medios judiciales. El artículo 732 del Estatuto Tributario otorga un año a la administración para resolver los recursos de reconsideración, y solo tras ese plazo puede configurarse el silencio administrativo positivo. En el caso concreto, la Alcaldía de Guatapé no había agotado dicho término, por lo que la tutela fue promovida de manera prematura. La Sala enfatizó que no toda irregularidad administrativa configura violación al debido proceso y que las actuaciones cuestionadas no comprometían derechos fundamentales.

Sentencia de segunda instancia: Restitución de inmueble arrendado//Debido proceso//Improcedencia de la tutela

Magistrado ponente: Edilberto Antonio Arenas Correa

La Corporación determinó que la acción de tutela no procede para eximir al demandado en un proceso de restitución de inmueble arrendado de la obligación de consignar los cánones de arrendamiento adeudados y los que se causen durante el trámite, pues esta carga procesal está prevista expresamente en el artículo 384 del Código General del Proceso. Solo en casos excepcionales, cuando existan serias dudas sobre la existencia del contrato de arrendamiento, puede inaplicarse dicha exigencia. En el caso concreto, no se acreditaron tales dudas, de modo que la tutela resulta improcedente.

Sentencia de segunda instancia: Procedencia excepcional de la tutela // Seguridad socia l// Mínimo vital

Magistrado ponente: Edilberto Antonio Arenas Correa

La Corporación determinó que la acción de tutela, aunque en principio es un mecanismo residual y subsidiario, resulta procedente de manera excepcional para amparar los derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital cuando la desvinculación laboral unilateral y la falta de inclusión en nómina de pensionados colocan al trabajador en un limbo jurídico y económico, sin salario ni mesada pensional, generando un perjuicio irremediable. En tales casos, la tutela es el medio idóneo para garantizar la efectividad inmediata del derecho a la pensión y evitar la vulneración de la subsistencia digna del accionante.

Sentencia de primera instancia: Medidas cautelares // Requisito de procedibilidad // Deslinde y amojonamiento

Magistrada Ponente: Claudia Bermúdez Carvajal

La Corporación concedió el amparo constitucional a INVERSIONES PEDRIX S.A.S., al determinar que los juzgados accionados vulneraron sus derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva. El Tribunal concluyó que, ante la solicitud de una medida cautelar —inscripción de la demanda—, la conciliación extrajudicial no resulta exigible como requisito de procedibilidad para el proceso de deslinde y amojonamiento.